WASHIGTON- El Gobierno del
presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes una norma que
reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y
residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de los permisos
de residencia, conocidos como “green cards” (”tarjetas verdes”), o de algunos
visados.
El Departamento de Seguridad
Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer este lunes una
versión de la regla, que está diseñada para que los inmigrantes con bajos
ingresos no puedan llegar o permanecer en el país.
La normativa, que será publicada
oficialmente en el Registro Federal el miércoles, entrará en vigor 60 días
después de su publicación.
Así, Estados Unidos podrá
determinar si el inmigrante se ha convertido en una “carga pública” para la
Administración, es decir, si “depende principalmente” de la asistencia de los
fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus de inmigración.
De este modo, una persona
poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado
conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso
de no poder mantener su economía personal sin ayudas del Gobierno.
Grupos defensores de los
inmigrantes han argumentado que esta regla discriminaría a los inmigrantes de
los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los
residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para
subsistir, según medios locales.
Estas organizaciones también
aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes con visado de trabajo
que necesitan alguna asistencia pública de manera temporal.
Los inmigrantes de la tercera
edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo costo a
través de programas subsidiados, también podrían verse obligados a dejar esas
ayudas o arriesgarse a ser considerados “carga pública”, lo que no les
permitiría mantener el estatus de residente legal.
El Gobierno de Trump ya propuso
en septiembre del año pasado una reglamentación para que a los inmigrantes que
reciben legalmente beneficios públicos, como la asistencia alimentaria y los
vales de ayuda de vivienda, se les pueda negar la residencia permanente.
Se espera que la regulación
anunciada este lunes enfrente demandas legales en los próximos días, por lo que
su implementación final podría retrasarse varios meses o, incluso, nunca
producirse si la Justicia estadounidense así lo considera.
En las últimas semanas, el
Gobierno de Trump ha mostrado mano dura también contra la inmigración ilegal,
al ordenar la detención de 680 inmigrantes durante una redada masiva en seis
ciudades del estado de Misisipi.
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